En la madrugada del 11 de septiembre de 2024, el Senado de la República mexicana aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Esta reforma recibió el apoyo de los senadores de Morena, sus aliados y del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la propuesta.
La votación se cerró con un total de 86 votos a favor y 41 en contra, resultando en la mayoría calificada necesaria para su aprobación. A pesar de la oposición, que cuestionó la falta de discusión adecuada sobre la reforma, los senadores de la mayoría consideraron suficiente el análisis previo.
El debate se prolongó durante 15 horas, con senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano presentando 60 reservas a varios artículos de la reforma, en particular aquellas que afectan la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Fiscal. La oposición argumentó que la reforma socavaría la autonomía del Poder Judicial, describiéndola como un retroceso a la democracia.
En cambio, los senadores de la mayoría defendieron que la reforma busca democratizar el sistema judicial y eliminar privilegios, asegurando que nunca más habrá jueces que operen de manera autónoma sin rendir cuentas.
El proyecto de decreto fue enviado a los Congresos de los estados, donde se requerirá la aprobación de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales. Los senadores de la coalición gobernante celebraron la aprobación, destacando que es un paso hacia un sistema judicial más transparente y responsable.
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